Introducción

La administración pública no ha quedado al margen del avance tecnológico. Cada vez más gobiernos incorporan inteligencia artificial (IA) para automatizar procesos, asignar recursos y tomar decisiones administrativas. Esta transformación promete mayor eficiencia y ahorro, pero también plantea riesgos serios relacionados con la transparencia, la discriminación y la responsabilidad institucional. ¿Puede una IA reemplazar a la burocracia tradicional sin comprometer los principios del servicio público? Este artículo analiza las implicaciones éticas y políticas de aplicar algoritmos en el Estado.

---

1. ¿Cómo se usa la IA en la administración pública?

Los sistemas automatizados se están utilizando para:

• Evaluar solicitudes (subsidios, becas, licencias).
• Gestionar recursos públicos mediante algoritmos predictivos.
• Detectar fraude o riesgo social con modelos de machine learning.
• Priorizar intervenciones en servicios sociales, educativos o sanitarios.

Si bien estos usos pueden aumentar la eficiencia, también trasladan el poder de decisión a sistemas opacos y poco comprensibles para la ciudadanía.

---

2. Riesgos de una burocracia algorítmica

El uso de IA en el sector público implica riesgos particulares:

• Falta de transparencia en los criterios de decisión.
• Discriminación estructural cuando se entrenan sistemas con datos sesgados.
• Dificultad para apelar decisiones automatizadas.
• Responsabilidad difusa entre desarrolladores, proveedores y autoridades.

Cuando un algoritmo niega un derecho o beneficio, ¿a quién se puede reclamar?

---

3. Principios para una IA pública ética

El uso de IA en gobiernos debe respetar valores fundamentales:

• Legalidad y transparencia en los procesos automatizados.
• Igualdad y no discriminación en los criterios de decisión.
• Explicabilidad: derecho del ciudadano a entender cómo se decide.
• Supervisión humana significativa, especialmente en decisiones sensibles.

La lógica de eficiencia no puede estar por encima de los derechos.

---

4. Gobernanza algorítmica estatal

Para garantizar un uso ético de la IA pública, se necesitan:

• Auditorías independientes y abiertas sobre los sistemas utilizados.
• Participación ciudadana en el diseño y control de algoritmos públicos.
• Normativas que obliguen a documentar y justificar decisiones automatizadas.
• Capacitación ética y técnica de los funcionarios públicos.

La administración del futuro debe ser tanto digital como democrática.

---

Conclusión

La IA puede transformar positivamente la burocracia pública, pero solo si se pone al servicio de los principios democráticos. Automatizar sin ética es burocratizar la injusticia. Necesitamos una inteligencia institucional que no solo sea artificial, sino también responsable. ¿Permitiremos que la máquina decida sin preguntar por qué?